La batalla por el complemento de brecha de género puede abrir un problema millonario para la Seguridad Social. Y no por los atrasos. Ni por las mensualidades futuras. El verdadero golpe económico puede venir por otra vía: la indemnización extra de 1.800 euros en aquellos casos en los que el pensionista tenga que acudir a juicio para conseguir un derecho que nunca debió negársele.

El dato clave no es cuántos hombres ya lo cobran

Aquí está la clave de todo. Para medir el impacto real de esta cuestión no hay que fijarse solo en los hombres que ya tienen reconocido el complemento, sino en todos los hombres que todavía no lo cobran y que pueden empezar a solicitarlo ahora.

Los datos oficiales de marzo de 2026 indican que existen 1.413.697 pensiones con complemento para la reducción de la brecha de género. De ellas, el 76,4 % corresponden a mujeres. Eso supone que aproximadamente 1.079.933 mujeres ya lo tienen reconocido, frente a 333.764 hombres.

La gran bolsa pendiente está en los hombres que faltan por aflorar

Si se toma como referencia una hipótesis de paridad teórica —esto es, que el volumen total de hombres que podrían terminar teniendo reconocido el complemento debería ser, como mínimo, equiparable al volumen de mujeres que ya lo perciben—, el desfase actual es enorme.

Bajo esa hipótesis, el total potencial de hombres con derecho a este complemento se situaría en torno a 1.079.933. Si hoy solo lo tienen 333.764, eso significa que 746.169 hombres todavía faltarían por tenerlo reconocido.

Ese es el verdadero stock pendiente. No el de los hombres que ya están dentro del sistema. Sino el de todos los que todavía no lo están y pueden empezar a reclamarlo a partir de ahora.

Si la mitad va a juicio, la factura se dispara

Aquí entra la segunda hipótesis clave: que aproximadamente el 50 % de esos asuntos termine en la vía judicial.

Si de esos 746.169 hombres pendientes, la mitad acaba judicializando su reclamación, estaríamos hablando de 373.084,5 procedimientos. Aplicando a cada uno una indemnización adicional de 1.800 euros, la exposición económica para la Seguridad Social ascendería a 671.552.100 euros.

Y conviene subrayarlo bien: esta cifra no incluye atrasos, no incluye mensualidades atrasadas, no incluye intereses. Es solo el impacto potencial de la indemnización extra de 1.800 euros.

La referencia de los 1.800 euros tiene respaldo jurídico

La cuantía de 1.800 euros no sale de la nada. El Tribunal Supremo la fijó en noviembre de 2023 para los casos del antiguo complemento de maternidad por aportación demográfica en los que el pensionista varón tuvo que acudir a juicio para lograr el reconocimiento de un derecho que le había sido denegado de forma discriminatoria.

Además, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirmó en 2025 que el complemento de brecha de género debe reconocerse a los hombres en las mismas condiciones que a las mujeres, aplicando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2025.

Eso es lo que convierte esta cuestión en una amenaza económica real: si el reconocimiento al hombre acaba consolidándose y, aun así, hay que acudir a la vía judicial, la puerta a la indemnización gana mucha fuerza.

Un problema millonario para la Seguridad Social

La Seguridad Social ya ha reconocido este complemento a más de un millón de mujeres, pero el número de hombres reconocidos sigue muy por debajo. Ese desfase es precisamente el que alimenta la expectativa de una gran bolsa de reclamantes masculinos todavía no aflorados.

Si esa bolsa empieza a activarse en masa, el problema para la Administración no será solo conceder el complemento. El verdadero problema será haber obligado a miles de pensionistas a litigar para conseguirlo.

Porque cada procedimiento judicial ganado no solo puede suponer el reconocimiento del derecho principal. También puede suponer una indemnización adicional.

Más de 671 millones solo en indemnizaciones

Con una hipótesis de paridad teórica entre hombres y mujeres potencialmente beneficiarios, y asumiendo que la mitad de los hombres que todavía no lo tienen reconocido acabe yendo a juicio, la cifra es contundente: 671.552.100 euros.

No hablamos aquí de una estimación sobre atrasos históricos. Hablamos exclusivamente del impacto potencial de los 1.800 euros extra por procedimiento judicial.

Y eso convierte al complemento de brecha de género en uno de los posibles mayores focos de riesgo económico para la Seguridad Social en los próximos años.